La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la declaración del Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional. La medida responde a una supuesta “agresión armada” atribuida a Estados Unidos, según el Ejecutivo.
El Decreto N.º 5.200, firmado previamente por Nicolás Maduro y refrendado por su gabinete, autoriza acciones excepcionales en seguridad, economía y gobernabilidad. El texto sostiene que el hecho vulnera la soberanía venezolana y cita el artículo 2.4 de la Carta de la ONU.
La declaratoria se ampara en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Con su entrada en vigor, el Gobierno ordena la movilización inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la activación del “poder nacional” para repeler la intervención denunciada.
Búsqueda y captura en Venezuela
Uno de los puntos más controvertidos habilita la búsqueda y captura de personas señaladas por promover o apoyar el ataque. El decreto obliga a los cuerpos policiales nacionales, estadales y municipales a actuar de forma coordinada y a poner a los detenidos a disposición del Ministerio Público y del sistema penal.
El Ejecutivo dispuso la militarización transitoria de servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas. Sus trabajadores pasan temporalmente a un régimen militar. Además, se refuerzan los controles en fronteras terrestres, aéreas y marítimas.
Atribuciones excepcionales
Entre las facultades figuran la requisición de bienes esenciales, la restricción del ingreso al país, el cierre de fronteras, límites al libre tránsito y la suspensión de reuniones y manifestaciones. El texto exige que cada medida sea proporcional a la gravedad y alcance de la situación.
La orden también incorpora a la Milicia Nacional al Sistema Defensivo Territorial y demanda coordinación de gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos.
Vigencia y control institucional
La Conmoción Exterior rige por 90 días, prorrogables una sola vez. El decreto se remitirá a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia para su control. Su publicación en la Gaceta Oficial le confiere fuerza de ley inmediata.