El tribunal electoral desestima todos los recursos del partido de Roberto Sánchez y confirma sanción por 33 UIT, al acreditarse 17 irregularidades en el financiamiento de la campaña 2021
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) asestó un nuevo golpe judicial a Juntos por el Perú al confirmar la multa de S/176 550 impuesta por la ONPE, tras comprobar que la agrupación política registró aportes negados por sus presuntos donantes —incluido el de una mujer ya fallecida para la fecha del supuesto desembolso—. La resolución, publicada este miércoles en El Peruano, desbarata todos los argumentos de la defensa y deja al partido del controvertido excongresista Roberto Sánchez sin margen para esquivar el pago, salvo que acuda al Poder Judicial.
El fallo: una sanción que se sostiene en tres pilares
El Pleno del JNE declaró infundada la apelación interpuesta por Juntos por el Perú y confirmó en todos sus extremos la resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La multa asciende a 33 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/176 550, y se suma la penalidad de perder el 10% del financiamiento público directo que le corresponde a la organización.
El tribunal electoral fue contundente al señalar que la carga de la prueba recae en el partido político, no en el fiscalizador. “En materia de financiamiento político, la organización debe acreditar el origen lícito de cada aporte. La negación expresa de los presuntos donantes o el registro de una persona fallecida son indicios suficientes para calificarlos como aportes de fuente prohibida o de origen desconocido”, enfatiza el fallo.
Los 17 aportes bajo lupa: negación y muerte como pruebas
La investigación de la ONPE detectó 16 transferencias de dinero que fueron categóricamente rechazadas por las personas que figuraban como aportantes. Pero el caso más grave fue el de una mujer que, según el registro, habría donado a la campaña de Juntos por el Perú en marzo de 2021, pese a que sus familiares y el Registro Nacional de Identificación (RENIEC) confirmaron que ella ya había fallecido en esa fecha.
Este hecho, calificado por los especialistas como una «irregularidad de alto impacto», fue determinante para que el JNE considerara que no hubo un mero error administrativo, sino una falla sistémica en los mecanismos de control interno del partido.
Los tres intentos fallidos de la defensa
El equipo legal de Juntos por el Perú ensayó tres líneas de ataque para tumbar la multa, pero el JNE las rechazó una por una:
- Ilegibilidad del expediente: Alegaron que el cuadro con los 17 aportes era ilegible en datos clave (fechas, números de recibo y DNI), vulnerando su derecho de defensa. El tribunal respondió que la propia organización, en sus descargos iniciales, cuestionó específicamente cada uno de esos aportes, lo que demuestra que tuvo conocimiento detallado y oportuno de los cargos.
- Prescripción: Sostuvieron que los aportes del 17 y 25 de marzo de 2021 ya habían prescrito por tratarse de «infracciones instantáneas» con más de cuatro años de antigüedad. El JNE aclaró que, al ser un patrón reiterado durante toda la campaña, la infracción es de carácter continuado, por lo que el plazo no había vencido.
- Falta de culpabilidad: Argumentaron que la ONPE no podía sancionarlos por inobservancia de la norma. Sin embargo, el tribunal subrayó que el partido incumplió su «deber reforzado de diligencia y control», ya que no implementó filtros mínimos para verificar el origen de los fondos, permitiendo que se registraran donaciones de personas que negaron haber entregado dinero o que ya no vivían.
Escenario futuro: pago o judicialización
Con este pronunciamiento firme en sede administrativa, a Juntos por el Perú solo le quedan dos caminos: acatar la multa y desembolsar los S/176 550, o acudir al Poder Judicial para intentar un amparo o un contencioso-administrativo. No obstante, los analistas políticos consideran que, dado el nivel de detalle de la resolución y la solidez de las pruebas, una eventual acción judicial tendría pocas posibilidades de éxito.
La sanción se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el financiamiento partidario en el Perú, donde la ONPE y el JNE han endurecido sus criterios para combatir el dinero de procedencia ilícita en la política. Para Juntos por el Perú, este fallo representa el segundo revés mayúsculo en menos de un año, luego de que su líder, Roberto Sánchez, fuera cuestionado por presuntos vínculos con redes de corrupción —acusaciones que él ha negado reiteradamente—.
«La democracia no solo se defiende en las urnas, sino también en la transparencia de los recursos que mueven las campañas», señala la resolución del JNE, que deja claro que los partidos no pueden desentenderse de su responsabilidad fiscalizadora. Mientras la agrupación evalúa su próximo movimiento, el mensaje del tribunal electoral es firme: la opacidad en el financiamiento tendrá un costo real y creciente.